Mostrando entradas con la etiqueta Representantes de los trabajadores. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Representantes de los trabajadores. Mostrar todas las entradas

martes, 2 de diciembre de 2014

La ejecutabilidad de las Sentencias de despido colectivo. Auto ejecución provisional de COCA COLA. Alegaciones de las partes y respuestas de la Sala.


Auto de ejecución provisional de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre de 2014


-COCA COLA IBERIAN PARTNERS, S.A./AUTO DE EJECUCION PROVISIONAL

Os adjunto enlace de la Sentencia comentada por si fuera de vuestro interés http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7213027&links=despidos%20colectivos&optimize=20141125&publicinterface=true

Órgano: Audiencia Nacional
Sede: Madrid
Fecha de Resolución: 20/11/2014
Recurso: 13/2014

Jurisdicción: Social
Ponente: Ricardo Bodas Martín
Procedimiento: Despido Colectivo
Tipo de Resolución: Auto de ejecución provisional


Procedo a facilitaros los distintos motivos de oposición formulados las partes y las respuestas ofrecidas por la Sala de lo social de la Audiencia Nacional.



1.-Imposibilidad de ejecución de la sentencia de despido alegada por la representación de la empresa



La representación procesal de las empresas ha alegado que el articulo 124.11 de la Ley de la Jurisdicción Social, en su dicción literal, nos dice que para el caso del despido colectivo nulo, la sentencia se limita a "declarar el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo" y por tanto la Ley solamente contempla una declaración judicial y no un pronunciamiento de condena que imponga a la parte una obligación de dar, hacer o no hacer, por lo que no seria ejecutable.

Para que la ejecución provisional fuese posible es preciso que la sentencia, si fuese firme, pudiese ser objeto de ejecución definitiva, puesto que no cabe pensar en la ejecución provisional de una sentencia si ésta, adquirida firmeza, no fuese susceptible de ejecución definitiva. Pues bien, ese obstáculo a la ejecución provisional no existe, puesto que la sentencia sobre la que versa este procedimiento, dictada en procedimiento de despido colectivo, es, como a continuación veremos, susceptible de ejecución definitiva


¿Puede ejecutarse definitivamente una sentencia de Despido colectivo?



Sí. Atendiendo a la dicción completa de los apartados 2 y 3 del articulo 123 de la Ley de la Jurisdicción Social. El número 2 de dicho articulo establece:"2. Cuando se declare improcedente o nula la decisión extintiva, se condenará al empresario en los términos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de los correspondientes al periodo de preaviso".

Esta norma a su vez conduce al articulo 113, relativa al despido disciplinario, que dispone: "Si el despido fuera declarado nulo se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia será ejecutada de forma provisional en los términos establecidos por el articulo 297, tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el trabajador".

Se aprecia con ello que tras la reforma operada con la Ley 3/2012 las sentencias que se dicten declarando la nulidad del despido colectivo tienen los efectos condenatorios previstos en la norma que se acaba de indicar, asimilándose expresamente, por este juego de remisiones, a las sentencias dictadas en los litigios de despido individuales en los que el despido sea declarado nulo.

Si, pese a ello, cupiera todavía alguna duda sobre la posibilidad de ejecución definitiva de las sentencias firmes que declaren la nulidad del despido colectivo, ha de añadirse que por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, se modificó el articulo 247.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, que inicialmente no contemplaba la ejecución de las sentencias de despido colectivo, para incluir dentro de las previsiones del citado articulo 247 la ejecución de las sentencias de despido colectivo "en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula".

En este sentido ha de destacarse que las dos resoluciones de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que han citado en la comparecencia las empresas ejecutadas y en las que basan su oposición a la ejecución provisional se refieren a supuestos de hecho distintos, que convierte su doctrina en inaplicable a este caso. En concreto: el auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2013 (recurso de queja 8/2013 ) y lo mismo ocurre con la sentencia de la Sala Cuarta de 28 de enero de 2014 (casación 16/2013 ), por cuanto aquellas resoluciones no constituyen referentes válidos para resolver este supuesto, dado que, aquí si estamos ante una sentencia de condena, susceptible de ejecución definitiva, lo que no ocurría en esos otros casos dado que eran anteriores a la entrada en vigor de la Ley 3/2012


¿Es posible la ejecución provisional de las sentencias de despido colectivo para el caso de que la sentencia recaída en la instancia no sea firme todavía, por haber sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo?


Sí. Es criterio de la Sala de lo social de la AN de que esas sentencias son susceptibles de ejecución provisional, como ya se anticipó en la sentencia de 12 de junio de 2014 al fundamentar la exigencia de consignación o aval del importe de la condena como requisito para la tramitación del recurso de casación.

Históricamente la ley procesal laboral, con el objetivo de impedir que la tramitación de los procesos y en concreto el acceso al recurso, hicieran ineficaz el derecho dicho en instancia, ha venido condicionando la fase de recurso al aseguramiento de la condena a través de un doble mecanismo: la consignación (hoy así lo establece el articulo 230.1 de la Ley de la Jurisdicción Social para todo recurso de suplicación o casación) y la ejecución provisional (hoy en los términos del Titulo II del Libro IV de la Ley de la Jurisdicción Social).

Paralelamente la actual Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, introduce con carácter general el principio de ejecución provisional de las sentencias, de suerte que, una vez dictada y sin esperar a su firmeza, la resolución que pone fin al proceso puede ser ejecutada ( articulo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Hay que tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil opera como subsidiaria en este ámbito respecto de la ley jurisdiccional social. La Ley de la Jurisdicción Social, por tanto, no contiene una regulación sistemática y completa de la ejecución provisional de las sentencias, sino que se limita a establecer normas concretas y especiales para determinados supuestos y procedimientos, fuera de los cuales hay que acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero el criterio legal, al menos cuando la sentencia contenga un pronunciamiento de condena en favor de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social, es el de la ejecutividad provisional de la sentencia. Este mismo criterio es el que rige en la Ley de Enjuiciamiento Civil a la cual se remite la ley social.

Sería contrario a la lógica legal, que garantiza la ejecución provisional de toda sentencia con pronunciamiento de condena en favor de los trabajadores, el que, a falta de previsión expresa que contemple otra solución distinta, las sentencias que declaren la nulidad de un despido colectivo y conlleven la condena a la readmisión y al abono de los salarios de tramitación, queden privadas de la ejecución provisional, máxime si tenemos en cuenta que los despidos individuales vinculados al despido colectivo quedan condicionados por el resultado de éste, según prevé el artículo 124.13 b) de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo suspenderse los procesos y esperar a la firmeza de la sentencia recaída en el procedimiento de despido colectivo. No se adivinan motivos por los cuales pueda interpretarse que, mientras que la sentencia condenatoria en un despido individual dictada por un Juzgado pueda ser objeto de ejecución provisional, no pueda serlo la sentencia de idénticos efectos y alcance, pero de naturaleza colectiva, en el procedimiento del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuyo fallo, en caso de nulidad, no es distinto del previsto para el del despido individual, puesto que, según se ha visto, el citado artículo 124 se remite a las normas reguladoras del fallo del despido nulo en el pleito individual de despido, lo que lleva finalmente al artículo 113, en el cual además se hace expresa mención y referencia a la ejecución provisional, con remisión al artículo 297. Por ello escaparía a toda lógica hermenéutica que se tutelara el despido individual con el mecanismo de la ejecución provisional y así no se hiciera con los despidos colectivos de mayor relevancia social por razón de su plural afectación. 

Por otra parte no puede admitirse que el procedimiento correcto para garantizar los derechos de los trabajadores sea la petición de medidas cautelares en los Juzgados de lo Social, ni tampoco que sea obstáculo a la ejecución provisional el que algunos trabajadores hayan presentado demandas de despido cuya tramitación está suspendida en los Juzgados de lo Social y, en dicho proceso, hayan pedido medidas cautelares que les han sido denegadas. En primer lugar porque dicho extremo no consta probado. En segundo lugar porque, según se alega, la medida cautelar no ha sido acordada, sino denegada, de manera que no se produce duplicidad alguna, debiendo recordarse que, existiendo ya sentencia declarando nulo el despido colectivo, lo que procede es la ejecución provisional y no una medida cautelar, que incluso debiera ser alzada si se hubiese acordado y fuese coincidente ( articulo 731.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).En tercer lugar porque conforme al articulo 124.13.b.1a de la ley jurisdiccional social la demanda individual de despido ha de presentarse y tramitarse una vez firme la sentencia dictada en el procedimiento de impugnación del despido colectivo, comenzando entonces a correr el plazo de caducidad y, por consiguiente, en muchos casos no existirán ni siquiera procesos individuales de despido (ni siquiera suspendidos en su tramitación), en el marco de los cuales se pueda reclamar la adopción de una medida cautelar. Aún cuando la adopción de ésta pueda solicitarse antes de la interposición de la demanda, ello obligarla a que dicha demanda se presentase en el plazo de veinte días previsto en el articulo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo que resulta absurdo cuando la Ley prevé actualmente que el plazo de presentación de la demanda individual de despido ha de ser posterior a la firmeza de la sentencia recaída en el proceso de impugnación colectiva.Y, en último lugar porque, si incluso de forma hipotética ello constituyese un obstáculo para la ejecución provisional, solamente afectarla a los concretos trabajadores que solicitaron aquellas medidas cautelares, que no constan identificados para comprobar si coinciden con aquéllos que han autorizado su inclusión bajo el ámbito de la ejecución provisional.

       Por consiguiente la Sala considera que, bajo criterios interpretativos normales y usuales y al amparo de la propia literalidad de las leyes, procede la ejecución provisional de las sentencias de despido colectivo cuando éste es declarado nulo, en la medida en que en tal caso, tras las reformas legales antes referidas, estamos ante sentencias cuyo fallo incorpora un pronunciamiento de condena susceptible de ejecución definitiva si llega a ser firme, como aquí sucede.


¿ Cuál es el procedimiento de ejecución aplicable, el previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, por remisión del articulo 305 de la Ley de la Jurisdicción Social, o bien el procedimiento de ejecución provisional de las sentencias de despido nulo regulado en los artículos 297 y siguientes de la citada Ley?. 


La Sala de lo social de la AN se inclina por la aplicación de las normas específicamente previstas en la Ley para la ejecución provisional de las sentencias de despido nulo y no de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando el titulo II del Libro IV de la Ley de la Jurisdicción Social regula la ejecución provisional de las sentencias, en su capitulo II regula la ejecución de las sentencias de despido y no existe motivo alguno para excluir la ejecución provisional de las sentencias en procedimientos de despido colectivo, que siguen igual razón y no aparecen excluidas de su ámbito de manera expresa. Muy al contrario, como hemos visto, el articulo 124.11 de la Ley de la Jurisdicción Social hace expresa remisión al articulo 123.2, el cual se remite a su vez al 113, donde se nos habla de la ejecución de las sentencias de despido nulo y se contempla a su vez la ejecución provisional, remitiéndose al articulo 297 de la Ley jurisdiccional. 

Esta conclusión ha de completarse atendiendo a la previsión del articulo 304.1 de la Ley de la Jurisdicción Social, que, como norma general sobre la ejecución provisional, nos dice que "la ejecución provisional de resoluciones judiciales se despachará y llevará a cabo por el juzgado o tribunal que haya dictado, en su caso, la resolución a ejecutar y las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecución definitiva". Esta remisión a las normas sobre la ejecución definitiva ha de servir como pauta para la ejecución provisional (que no es otra cosa que un anticipo de aquélla y difícilmente puede sobrepasar sus limites propios) y en este caso nos lleva hasta el articulo 247.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, lo que significa: 

a) Que están legitimados para pedir la ejecución los representantes legales o sindicales de los trabajadores, pero no los trabajadores individuales, incluso agrupados, si bien debe considerarse como sujeto legitimado en cuanto representante legal de los trabajadores la comisión ad hoc del articulo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores que intervino en el periodo de consultas. 

b) Que la ejecución ha de pedirse en favor de trabajadores concretos e identificados, debiendo acreditarse por el órgano de representación legal o sindical de los trabajadores que cuenta con autorización individual de cada uno de aquellos trabajadores para los que pida la ejecución. La autorización debe documentarse ante cualquier órgano judicial o de mediación o conciliación social o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato u órgano de representación unitaria, haciendo constar ésta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorización efectuada en su presencia y acompañando los documentos de acreditación oportunos. Si se trata de un sindicato y en relación con sus afiliados, la autorización se puede acreditar en la forma establecida en el articulo 20 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

c) Los trabajadores que, pudiendo resultar beneficiados por la sentencia, no quieran autorizar a un órgano representativo, en la forma antes indicada, para que ejercite en su favor la acción ejecutiva en el proceso de ejecución colectivo, pueden, si lo estiman oportuno, formularla individualmente a través del proceso declarativo que corresponda, que en este caso seria el procedimiento de despido, para lo cual habrán de esperar a la firmeza de la sentencia del despido colectivo, lo que implica necesariamente una renuncia a la ejecución provisional. 

Una vez instada de esta manera la ejecución provisional, habrán de aplicarse, para cada uno de los trabajadores a las que va referida, las previsiones de los artículos 297 y siguientes del Código Civil, que regulan la ejecución provisional de las sentencias de despido y, en concreto, las previsiones propias de la ejecución provisional de las sentencias que declaran la nulidad de un despido. Insistimos en la remisión que hace el articulo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando el fallo declara nulo el despido colectivo, al fallo que es propio de las sentencias que declaran nulo un despido en un procedimiento individual, que han de servir como referencia tanto para la ejecución definitiva como para la provisional, como claramente refleja el articulo 113. 

En este marco, dado que la sentencia de despido colectivo, a diferencia de lo que ocurre con las sentencias de despido individual, no incluye entre su contenido fáctico el salario de los trabajadores despedidos, habrán de seguirse los trámites, si fuera necesario, del articulo 247.1 de la Ley de la Jurisdicción Social para precisar el salario de cada trabajador, requiriendo a la parte ejecutada su cuantificación individualizada y dando traslado a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad o, si no se proporcionase dicha cuantificación o no existiese conformidad con la misma, resolver la Sala lo que proceda tras la práctica de las actuaciones oportunas.


¿Cuál sería el contenido de la ejecución provisional de una sentencia de despido con opción a readmisión?


La ejecución provisional de una sentencia de despido nulo o improcedente con opción por la readmisión tiene dos contenidos: 

a) El primero es la readmisión en el puesto de trabajo, salvo que exista manifestación expresa del empresario optando por no reincorporar al trabajador. Si, no habiéndose expresado opción expresa, el empresario no procediese a la reincorporación, habrá de entenderse producida una opción tácita contra la misma, debiendo declararse expresamente por el órgano judicial (si así se solicita, conforme al articulo 298 de la Ley de la Jurisdicción Social), ante el incumplimiento empresarial, la exención del trabajador de su obligación de prestar servicios durante la tramitación del recurso. 

Ahora bien, en relación con el primer contenido (readmisión en el puesto de trabajo), se hace preciso que estas empresas manifiesten su opción entre recibir la prestación de servicios de los trabajadores durante la tramitación del recurso, en sus respectivos centros de trabajo y con las ocupaciones previas al despido, o hacer el abono de los salarios sin exigir la prestación de servicios. A tales efectos se debe conceder a las empresas ejecutadas un plazo razonable para manifestar su opción, de manera que si no lo hiciesen habría de exonerarse a los trabajadores de dicha prestación durante el periodo de tramitación del recurso. 

b) El segundo es de Índole económica, de manera que el trabajador tiene derecho, en todo caso (salvo incumplimiento injustificado por su parte de su obligación de reincorporación), a percibir el salario desde la sentencia que declara la nulidad y durante la tramitación del recurso. 

La falta de abono determinaría la ejecución forzosa de la deuda en el trámite de ejecución provisional. En este caso, despejada la oposición a la ejecución provisional, está claro que, en virtud del segundo contenido citado, las empresas ejecutadas en todo caso están obligadas solidariamente a satisfacer a los trabajadores a los que se refiere esta ejecución la misma retribución que venían percibiendo con anterioridad a producirse su despido. Por ello deberá seguirse la ejecución en la parte económica, cuantificando la deuda individual resultante en favor de cada uno de los trabajadores por el procedimiento previsto en el articulo 247 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La ejecución provisional de la sentencia de despido es siempre una ejecución dineraria, puesto que la falta de readmisión trae como consecuencia la exención del trabajador de su obligación de prestar servicios durante la tramitación del recurso. Por consiguiente no seria nunca de aplicación el plazo del articulo 282.2 y el plazo para la cuantificación de la deuda de manera individualizada, por la remisión del articulo 304.1, ha de ser el previsto en el articulo 247.


¿Cuáles serían los trabajadores afectados por ésta ejecución provisional?


El ámbito de la ejecución no es otro que el del conjunto de los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido por la empresa en virtud del despido colectivo adoptado por la misma y anulado por la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2014 .

En esa sentencia la Sala estableció (fundamento noveno) que el primero de los criterios de selección de los trabajadores afectados era la voluntariedad para acogerse a las medidas de extinción indemnizada o de prejubilación. Y, como lógica consecuencia, también dijimos que la voluntariedad, en cuanto criterio de selección, no ha de confundirse con la extinción del contrato por mutuo disenso del articulo 49.1.a del Estatuto de los Trabajadores , ni con la extinción por voluntad del trabajador del articulo 49.1.d. La causa de la extinción contractual sigue siendo el despido colectivo, puesto que la manifestación de disponibilidad del trabajador (sometida además a aceptación por parte de la empresa) no es sino un criterio de selección de los trabajadores afectados. Como consecuencia ha de decirse que los trabajadores que se adscribieron voluntariamente, en base a dicho criterio de selección, al ámbito de afectación del despido colectivo, aunque lo hicieran acompañados de unas determinadas indemnizaciones mejoradas o un acceso a situación de jubilación anticipada, precedida o no de desempleo, no dejan de ser trabajadores despedidos en el marco del despido colectivo que se ha declarado nulo y, por tanto, incluidos dentro del ámbito de la ejecución del fallo de la sentencia que declara esa nulidad. 

Cuestión distinta es que, como hemos visto, para que se pueda ejecutar, provisional o definitivamente, la sentencia de la Sala, es preciso que se solicite por un sujeto colectivo, sin que sea posible extender la ejecución a trabajadores que no hayan conferido autorización para ello a ese sujeto colectivo. Aunque el fallo de la sentencia que declara la nulidad de un despido colectivo afecta potencialmente a todos los trabajadores despedidos, la concreta afectación de cada uno en el proceso de ejecución de la misma requiere de su consentimiento individual.  El trabajador individual tiene garantizado por el articulo 247 de la Ley de la Jurisdicción Social, en relación con el articulo 124.13 de la misma Ley, el derecho a no integrarse en la ejecución colectiva y reservarse su acción individual de despido, que podrá ejercitar o no, al igual que, cuando el trabajador es objeto de cualquier despido o extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, puede o no ejercitar la acción individual de despido y, salvo supuestos de fraude, desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2002, la falta de ejercicio de la misma no impide el acceso a las prestaciones por desempleo.

Por tanto, dentro del conjunto de trabajadores cuya relación laboral se ha extinguido en virtud del despido colectivo, la presente ejecución provisional solamente afecta a aquéllos para los cuales se pide por los sujetos colectivos ejecutantes (UGT y CCOO), siempre bajo la condición de que acrediten su autorización para ello. Estos se encuentran relacionados nominativamente en los hechos probados de este auto.


¿Es exigible caución para la ejecución provisional?


La Ley de la Jurisdicción Social, al regular la ejecución provisional, ninguna previsión contiene sobre la exigencia de cauciones para la efectividad de la ejecución provisional. No parece que esa omisión constituya una laguna, puesto que en la Ley la ejecución provisional se contempla en favor de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, como se ha visto, y la norma general es la inexigibilidad de cauciones para los mismos, como expresamente se dice en materia de medidas cautelares por su articulo 79.1 ("Los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social y los sindicatos, en cuanto ostentan la representación colectiva de sus intereses, así como las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, estarán exentos de la prestación de cauciones, garantías e indemnizaciones relacionadas con las medidas cautelares que pudieran acordarse"). 

En todo caso, aunque hipotéticamente se entendiese que en el marco del articulo 305 y a la vista de la remisión genérica a la Ley de Enjuiciamiento Civil que allí se hace, son aplicables las cauciones en los términos de la misma, ha de recordarse que no estamos dentro del articulo 305 propiamente, sino del 297, donde no se exige caución. Ha de observarse cómo en la legislación procesal civil (articulo 526) la norma general es la no exigencia de caución para la ejecución provisional y solamente se prevé, para el caso del ejecutante, en el caso concreto del articulo 529.3 (que es el alegado por las empresas ejecutadas), en el marco de la ejecución no dineraria, cuando resultase imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia ejecutada provisionalmente fuese revocada. 

En tal caso la prestación de caución no aparece en la Ley como obligatoria. Pero esta norma carece de todo sentido y lógica en el marco de la ejecución provisional de las sentencias de despido nulo, puesto que la única obligación de la empresa en la ejecución provisional es de naturaleza dineraria y consiste en el abono de salarios durante la tramitación del recurso. Tal abono no precisa de caución o garantía alguna, puesto que lo así abonado no ha de ser reintegrado por los trabajadores en caso de revocación de la sentencia de instancia. El articulo 300 de la Ley de la Jurisdicción Social nos dice que "si la sentencia favorable al trabajador fuere revocada en todo o en parte, éste no vendrá obligado al reintegro de los salarios percibidos durante el periodo de ejecución provisional y conservará el derecho a que se le abonen los devengados durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de la firmeza de la sentencia." Reintegro que no procede incluso si el empresario hubiese optado por no recibir la prestación de servicios laborales durante la tramitación del recurso (habiendo desaparecido ya hace muchos años el derecho del empresario en tal supuesto al reintegro por parte del Estado que contemplaba el articulo 227 de la antigua Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo 1568/1980). 

Por otra parte la readmisión y reanudación de la actividad productiva no es obligatoria, sino que es una mera facultad de la empresa que se va a ver obligada al pago de dichos salarios, con objeto de compensar tal pago con la contraprestación de servicios laborales. Pero desde el momento en que cabe renunciar a tal contraprestación y no existe obligación para la empresa de reanudar la actividad laboral (razón por la cual no es objeto del presente auto toda la discusión relativa a la posibilidad de dicha reanudación o al desmantelamiento de las instalaciones productivas, como antes se dijo), no cabe ejecutar en sede provisional una readmisión forzosa y por ello no existe una obligación de hacer que pueda justificar, en el marco de los artículos 528 y 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la exigencia de una caución como condicionante de la ejecución provisional.



En relación con los salarios del tiempo de ejecución provisional ¿Cabe el abono de los intereses de demora del 10% previstos en el articulo 29 del Estatuto de los Trabajadores?


No. Los citados intereses son aplicables al salario en cuanto contraprestación del trabajo en el marco sinalagmático del contrato, pero el pago del salario de tramitación del recurso en el contexto de la ejecución provisional no tiene como causa legal el contrato de trabajo, sino que se trata de una obligación procesal ex lege, con régimen propio y autonomía respecto del contrato de trabajo. El despido es constitutivo y extingue el contrato de trabajo, según el régimen especial de autotutela empresarial propio del contrato de trabajo y que exime al empresario de acudir a la vía judicial para obtener la resolución del mismo, como seria exigible con carácter general en el Derecho Civil. La ejecución provisional de la sentencia de despido es, en cierta forma, una compensación del carácter constitutivo del despido, al dar efectividad a la sentencia que anula el despido y obliga a la readmisión pese a estar recurrida. Pero, a diferencia de lo que hoy prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se trata de una ejecución de igual extensión a la definitiva, sino que en el ámbito laboral es una ejecución incompleta. El contrato de trabajo no se reanuda por la ejecución provisional, sino que tal reanudación no se producirá hasta que se llega a la ejecución definitiva con la readmisión. En el tiempo de la ejecución provisional lo que existe es un régimen de obligaciones legales para las partes del proceso, como son las de abono de los salarios de trámite del recurso y, para el trabajador, la de prestar su trabajo ordinario si es requerido para ello por el empresario. Por ello a esos salarios de trámite de ejecución provisional no pueden aplicarse sin más las previsiones del articulo 29 del Estatuto de los Trabajadores , como se pretende. 

Excluida la aplicación de dicha norma laboral, entra en juego el articulo 1108 del Código Civil , que nos dice que cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurra en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal. A su vez el articulo 1100 del Código Civil exige, para que exista mora, que exista una obligación exigible y que, además, el acreedor exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento. 

En el caso de las sentencias que declaran la nulidad de un despido colectivo por el procedimiento del articulo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social no existe una obligación del empresario análoga a la prevista en el articulo 278 para la ejecución "motu proprio" de las sentencias firmes de despido individual, de manera que éste, sin necesidad de esperar a la solicitud del trabajador, haya de fijar una fecha para la readmisión, comenzando por tanto la ejecución voluntaria sin necesidad de solicitud de la parte que tiene a su favor la sentencia recurrida. El articulo 247 de la Ley jurisdiccional social habilita únicamente a los órganos sindicales o unitarios de representación colectiva para pedir la ejecución, debiendo contar con la autorización de los trabajadores para los que se pide la misma. Por lo que es necesaria una doble concurrencia de voluntades, del órgano colectivo y del trabajador individual. Hasta que ambas voluntades no se manifiestan de manera concurrente no nace para el empresario la obligación de ejecutar la sentencia de despido colectivo y referida solamente a esos trabajadores y no al conjunto de los trabajadores incluidos en el despido colectivo. Por tanto hasta que no es solicitada colectivamente (judicial o extrajudicialmente) la ejecución, identificando los trabajadores individuales a los que se refiere la solicitud y acreditando la autorización de los mismos para ello, no aparece para la empresa la obligación de ejecutar el fallo de la sentencia. 

En el presente supuesto, no constando una solicitud previa extrajudicial, hemos de tomar como referencia la fecha en la que el empresario tuvo conocimiento de la solicitud de ejecución provisional en sede judicial. Ahora bien, tratándose de ejecución provisional y siendo el contenido de la obligación de la empresa el pago de unas determinadas cantidades que exigen de una previa individualización y cálculo para cada uno de los trabajadores para los que se reclama la ejecución, la Ley claramente establece un periodo de referencia para la cuantificación individualizada de la deuda, que es de un mes. El interés comenzará por ello a correr una vez transcurrido dicho mes que, computado de fecha a fecha. Desde esa fecha han de correr los intereses sobre las cantidades debidas. 

En cuanto a los intereses procesales del articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (a los que se remite el articulo 251 de la Ley de la Jurisdicción Social y a los que hace referencia también el articulo 247.1.e de la misma Ley), los mismos se devengan desde la sentencia de instancia, pese a su recurso, de manera que compensan el retraso en el pago desde que se dictó aquella primera sentencia, cubriendo con ello el periodo de ejecución provisional e interrumpiéndose su devengo cuando se produce el pago, incluso si el mismo se realiza durante la ejecución provisional. Pero, obviamente, solamente procede su pago respecto de las cantidades objeto de la condena contenida en el fallo, cantidades que, por definición, no pueden incluir las correspondientes a un periodo posterior a dicho fallo, como son los salarios de trámite del recurso por mor de la ejecución provisional en esta modalidad especial de despido. Para que nazcan intereses procesales del articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es necesario que vayan referidos a una obligación de pago contenido en la parte dispositiva de una sentencia o resolución judicial. De esta manera los intereses procesales derivados de las cantidades a cuyo pago se obliga en la parte dispositiva del presente auto nacerán ex lege y sin necesidad de declaración expresa a partir de la fecha de este auto y en los términos del articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y demás normas aplicables, incluido articulo 239.3, de la Ley de la Jurisdicción Social.


¿Tienen los trabajadores identificados en la ejecución provisional derecho a acceder a su centro de trabajo y ejercer su función representativa aún cuando la empresa les libere de la prestación efectiva de servicios?.


En relación con esta materia la norma aplicable es el articulo 302 de la Ley de la Jurisdicción Social, que dispone: "Cuando el despido o la decisión extintiva hubiera afectado a un representante legal de los trabajadores o a un representante sindical y la sentencia declarara la nulidad o improcedencia del despido, con opción, en este último caso por la readmisión, el órgano judicial deberá adoptar, en los términos previstos en el párrafo c) del articulo 284 las medidas oportunas a fin de garantizar el ejercicio de sus funciones representativas durante la sustanciación del correspondiente recurso".

Por otra parte el articulo 284.c contempla como medida de ejecución que el delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En consecuencia, durante el periodo de ejecución provisional los delegados de personal, miembros de comités de empresa o delegados sindicales despedidos pueden desarrollar sus funciones como tales y, en relación con los trabajadores despedidos, éstos, lógicamente, también han de ser mantenidos en el disfrute de sus derechos sindicales y de participación. Por tanto es obvio que debe serles permitido desarrollar su función representativa, como se pide y en este sentido debe hacerse la advertencia a las empresas ejecutadas en los términos del articulo 284.c de la Ley de la Jurisdicción Social en relación con los representantes legales de los trabajadores que identifica la parte ejecutante, sin que respecto a tal identificación se haya manifestado oposición por la ejecutada.

Ahora bien, en cuanto al acceso al centro de trabajo, la medida procede mientras se mantenga actividad propia de la empresa en dichos centros y desarrollada con sus propios trabajadores, y ello aunque no sea productiva, sino de desmontaje y desmantelamiento de los mismos, con objeto de que los representantes de los trabajadores se puedan comunicar con sus representados allí presentes. Una vez producido el cierre de tales centros y el cese de su actividad, el ejercicio de las funciones representativas no requerirá de dicho acceso, puesto que al no existir trabajadores desempeñando servicios en su interior no se justifica cuál seria el objeto licito del mismo. Cuestión distinta es que se pidieran otras medidas concretas para garantizar, en tal situación, los derechos de información y de reunión en los términos de los artículos 64 ó 77 a 81 del Estatuto de los Trabajadores , lo que deberla justificarse en concreto y sobre lo cual ahora no cabe resolver nada.


¿Ante la falta del cumplimiento de la ejecución provisional por la empresa cabe apreciar temeridad o imposición de costas?


La Sala no aprecia temeridad alguna. En este contexto es imposible apreciar una temeridad cuando se sostienen interpretaciones razonables de las normas, aunque no sean compartidas por la Sala, máxime cuando la propia interpretación de la propia Sala habrá de ser validada o corregida, en su caso, por el Tribunal Supremo. Un problema de ejecución provisional como el que aquí se suscita y que en el ámbito del despido individual puede en gran parte estar resuelto por doctrina previa, plantea numerosas incógnitas interpretativas para las partes y para los órganos judiciales al llegar al ámbito del despido colectivo.
La imposición de costas a la parte ejecutada, como en el caso de la ejecución definitiva, costas que se imponen de oficio por el órgano judicial, sin necesidad de solicitud de la parte ejecutante. Dichas costas han de imponerse a la parte ejecutada que deja de cumplir sus obligaciones dimanantes de la sentencia de manera voluntaria, obligando a la parte ejecutante a solicitar la tutela judicial y siguen un criterio objetivo, lo que determina la irrelevancia a esos efectos de la apreciación o no de la temeridad. 

En el ámbito social la imposición de las costas de la ejecución está expresamente prevista en la ejecución definitiva (artículos 239, 247, 251, 268 y 269 de la Ley de la Jurisdicción Social), no aplicándose el plazo civil de espera para la ejecución, pero excluyéndose de costas el caso (articulo 239.3 de la Ley) en el que la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el titulo (incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales si procedieran), dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el titulo haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el titulo ejecutivo fuese exigible. 

Entiende esta Sala, que si procede la imposición de costas en la ejecución provisional con arreglo a un criterio objetivo basado en la falta de cumplimiento voluntario, pero que, siendo aplicables las garantías de la ejecución definitiva (articulo 304.1 de la Ley de la Jurisdicción Social), tal imposición de costas tiene, por una parte, los limites del articulo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción citados y, por otra, en el caso de las ejecuciones colectivas del articulo 247, la letra e del número 1, se excluye expresamente la imposición de costas el supuesto en el que se produzca avenencia entre las partes en el trámite de individualización, probablemente como forma de promover tal avenencia. Por tanto las costas habrán de imponerse a la parte ejecutada, según un criterio objetivo, solamente si, al no producirse avenencia en dicho trámite, la ejecución provisional hubiera de continuar en todo o en parte.



           Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email paulalegalblog@hotmail.com



miércoles, 18 de diciembre de 2013

El descuelgue salarial no puede aplicarse a salarios ya consolidados

Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de septiembre de 2013

El descuelgue salarial no puede afectar a los salarios ya devengados: con reiteración del criterio fijado  entre otras, en su SAN de 29 de mayo de 2013 (Rec. 130/2013 ) se ha razonado por la Sala de los Social de la AN que el trabajador tiene derecho a la "percepción puntual de la remuneración pactada o convenida" y, por lo tanto, los trabajadores tienen el derecho a percibir el salario pactado para su trabajo "en ese periodo", pues carece de base legal "que la reducción salarial se retrotraiga contra el precio de trabajos ya realizados, porque dichas retribuciones estaban perfectamente consolidadas al momento de la retroacción, tratándose, por consiguiente, de manifestaciones de retroactividad máxima, que no están amparadas por el art 9.3 CE ( RCL 1978, 2836 ) ". Y ello incluso aunque concurriesen causas económicas, tal y como hemos puesto de manifiesto en nuestra SAN de 20 de febrero de 2013 ( JUR 2013, 85447 ) (Rec. 357/2012 ).


Respecto al plazo de ejercicio de la acción aplicable frente a la impugnación del acuerdo, podría surguir la duda sobre si estamos ante una plazo de caducidad o prescripción y en cuyo caso donde fijamos el díes ad quo. 

Pues bien no podría aplicarse el plazo de caducidad por cuanto no nos encontramos ante una acción contra una "decisión empresarial en materia de movilidad geográfica o modificación sustancial", por lo que no resulta de aplicación el art. 59.4 del ET y que tiene un plazo fijado de 20 días para su ejercicio.

Respecto a la prescripción la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional entiende que resulta de aplicación la doctrina contenida en la STS de 10 de marzo de 2003 (Rec. 33/2002 ). En dicha sentencia, en la que insta la nulidad de un acuerdo, el Alto Tribunal sostiene que procede aplicar la prescripción pues "el pacto tuvo una fecha cierta de materialización, el 16 de diciembre de 1999, y ése es el dies a quo , tal y como se desprende del propio artículo 59.2 del ET , el momento a partir del que pudo ejercitarse la acción de nulidad del mismo.


Os adjunto el texto de la Sentencia

Órgano: Audiencia Nacional.
Sede: Madrid
Fecha de Resolución: 25/09/2013
Nº de Procedimiento: 313/2013

Jurisdicción: Social
Ponente: Manuel García Fernández-Lomana
Procedimiento: Conflicto colectivo
Tipo de Resolución: Sentencia


RESUMEN 

DESCUELGUE SALARIAL: Prescripción de un año para ejercitar la acción de nulidad del acuerdo por los sujetos colectivos. Legitimación del Comité de Empresa para negociarlo. El incumplimiento del deber de comunicación a la Comisión Paritaria no implica la nulidad del Acuerdo. No puede establecerse con efectos retroactivos y privar a los trabajadores de los salarios ya consolidados. 


ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 19 de Julio de 2013 se presentó demanda por FES-UGT; FSP- CC ( LEG 1889, 27 ) .OO;FTSP-USO; contra ARIETE SEGURIDAD SA; CTE. EMP.ARIETE SEGURIDAD; sobre conflicto colectivo

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 13de Septiembre de 2013 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba

Tercero.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto. Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , por la que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron sobre los extremos siguientes: Los demandantes sostienen que no es posible mediante acuerdo con la representación unitaria de los trabajadores -Comité de Empresa de Madrid- dejar sin efecto la subida salarial prevista en el Convenio Colectivo Estatal por carecer de legitimación dicho Comité, por no haber seguido los trámites formales establecidos en el art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) y por aplicar retroactivamente el descuelgue salarial al periodo 1 de enero de 2012 a 30 de mayo de 2012. La empresa se opuso alegando las excepciones de prescripción y caducidad - alternativamente-; sosteniendo que la representación unitaria de los trabajadores tiene legitimación para realizar el acuerdo; que se han cumplido los trámite formales y que no hay retroactividad pues el Acuerdo es anterior a la publicación de la nueva rebaja salarial pactada a nivel estatal. Quinto. - Son hechos conformes: -USO y UGT están representados en el Comité de Empresa de Madrid y tienen delegados sindicales. -La papeleta en el SIMA se presentó el 13 de junio de 2013. -El 16 de mayo de 2012 la empresa comunicó el inicio del periodo de consultas al Comité de Empresa de Madrid, al que se le entregó la documentación, celebrándose dos reuniones y concluyendo con el acuerdo favorable de 11 miembros y 2 abstenciones correspondientes a la representación de USO y UGT. -CCOO tiene implantación y afiliados en la empresa.

Resultando y así se declaran, los siguientes


HECHOS PROBADOS


PRIMERO.- El 16 de mayo de 2012 la empresa ARIETE SEGURIDAD SA inicia un proceso de descuelgue salarial al amparo del art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) , con el fin de no aplicar el incremento salarial establecido en el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad. A dicha solicitud se acompañaba la correspondiente memoria explicativa.

Inicialmente en el Convenio Colectivo publicado en el BOE de 16 de febrero de 2011 se había previsto un incremento salarial para el año 2012 de, 4,4 %. Pero dada la situación económica se suscribió el vigente Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2012/2014, publicado en el BOE de 25 de abril de 2013, quedando fijado el incremento retributivo para el año 2012 en el 2,4 %.

SEGUNDO.- El 17 de mayo de 2012 se inició el periodo de consultas con el Comité de Empresa. El 30 de mayo se celebró una reunión en la que UGT y USO propusieron medidas de menor impacto, las cuales fueron rechazadas, aceptándose por la mayoría del Comité de Empresa de no establecer incremento salarial alguno para el año 2012. UGT y USO se abstuvieron. El acuerdo se suscribió el mismo día 30 de mayo de 2012.

TERCERO.- El acuerdo de empresa fue presentado para su depósito, en el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 5 de junio de 2012; se requirió de subsanación el 11 de junio y 5 de julio de 2012; y consta emitida comunicación de depósito el 11 de julio de 2012. En la página REGCON consta como fecha de la inscripción publicación el 11 de julio de 2012. No consta que el acuerdo se comunicase a la Comisión paritaria del convenio.

CUARTO.- La empresa ARIETE SEGURIDAD SA suscribió un Convenio Colectivo con vigencia desde el 1 de enero de 2013 (BOE 31/03/2013).

QUINTO.- El 15 de marzo de 2013 varios sindicatos, entre otros los actualmente demandantes, formularon demanda de conflicto colectivo contra la empresa instando el abono del incremento salarial establecido en el Convenio Colectivo estatal. La demanda fue desestimada por sentencia de 23 de mayo de 2013, precisamente por existir un acuerdo estableciendo el impago del incremento y no constar que el mismo se hubiese impugnado.

SEXTO.- ARIETE SEGURIDAD, según la página web de la empresa, presta sus servicios en varias Comunidades Autónomas.

Se han cumplido las previsiones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 , 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, g de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo prevenido en el artículo 97 , 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes:

1.- El hecho primero de los documentos 1 y 2 aportados por la empresa -la parte demandante aportó los mismos documentos- y del BOE.

2.- El hecho segundo de los documentos 3 a 5 de la empresa y 5 a 8 de los demandantes.

3.- El hecho tercero del documento 6 de la empresa.

4.- El hecho cuarto del BOE.

5.- El hecho 5 de los documentos 3 y 4 de los demandantes y 9 de la empresa.

6.-El hecho sexto del documento 9 de los demandantes.

7.- El hecho 7 es conforme.

8.-La papeleta en el SIMA se presentó el 13 de junio de 2013.

TERCERO.- Antes de comenzar el análisis de las diferentes cuestiones planteadas conviene tener en cuenta que el acuerdo se alcanzó el 30 de mayo de 2012, por lo que debe tenerse en cuenta la regulación vigente en aquel momento. En concreto, en aquellas fechas el art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) rezaba: ".....cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los término del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:....sistema de remuneración y cuantía salarial".

La empresa articula las excepciones de caducidad o de prescripción de la acción de forma alternativa. Sostiene que la remitir la norma al procedimiento del art. 41.4 del ET la acción para impugnar el acuerdo se encuentra sometida al plazo de caducidad o, alternativamente, al plazo general de prescripción de un año. Todo ello en aplicación del art. 59.4 del ET y 59.1 y 2 del ET .

Comenzando por la acción de caducidad no nos encontramos ante una acción contra una "decisión empresarial en materia de movilidad geográfica o modificación sustancial", por lo que no resulta de aplicación el art. 59.4 del ET .

En lo referente a la prescripción la cuestión es más compleja. No obstante, la Sala entiende que resulta de aplicación la doctrina contenida en la STS de 10 de marzo de 2003 ( RJ 2003, 3570 ) (Rec. 33/2002 ). En dicha sentencia, en la que insta la nulidad de un acuerdo, el Alto Tribunal sostiene que procede aplicar la prescripción pues "el pacto tuvo una fecha cierta de materialización, el 16 de diciembre de 1999, y ése es el dies a quo , tal y como se desprende del propio artículo 59.2 del ET , el momento a partir del que pudo ejercitarse la acción de nulidad del mismo, por lo que si la demanda de nulidad se planteó el 31 de julio de 2001, es manifiesto que había transcurrido en exceso el referido plazo de un año para ello". La Sala entiende que la seguridad jurídica exige, en sectores como el laboral, que las partes sean diligentes a la hora de ejercitar sus acciones y considera por ello razonable entender que la acción para impugnar el acuerdo alcanzado nació desde que los sujetos con legitimación para impugnarlo tuvieron conocimiento del mismo; recuérdese, además, que no estamos ante un problema de interpretación o aplicación del acuerdo -lo que permitiría instar un conflicto colectivo mientras se desplieguen sus efectos-, sino ante la impugnación del mismo acuerdo.

Ahora bien, la carga de probar el dies a quo o día de inicio del cómputo del año en materia de prescripción corresponde quien alega la excepción - art 217.3 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) -. La Sala puede admitir, pues así se infiere de las actas aportadas, que los sindicatos USO y UGT conocían la existencia del acuerdo. Pero, ante la falta de una prueba concreta, no puede admitir lo mismo respecto de CCOO. En efecto, no hay probado dato alguno del que podamos inferir que CCOO conocía la existencia del acuerdo. Se dice que CCOO tiene implantación en la empresa, pero de ahí no podemos deducir, con la certeza necesaria que exige la apreciación de la excepción, que el sindicato tuviese conocimiento de la existencia del pacto. Ante la falta de prueba debemos estar a la fecha de la publicación del Acuerdo. La empresa, con habilidad, pretendió que estuviésemos a la fecha de presentación en el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (REGCON), lo que ocurrió el 5 de junio de 2012; pero lo cierto es que la Administración exigió varias subsanaciones y que, finalmente, se publicó en el sistema el 11 de julio de 2012. Si como las partes reconocen, la reclamación ante el SIMA se presentó el 13 de junio de 2012, debemos concluir que al menos la acción de CCOO no está prescrita. Si lo está, sin embargo, la de UGT y USO, pero a efectos prácticos tal declaración es irrelevante, pues los tres sindicatos articulan de forma conjunta la misma demanda.

CUARTO.- La primera causa de impugnación fue que el Comité de Madrid carece de legitimación para representara trabajadores de otros centros de trabajo. Pero lo cierto es que los sindicatos sólo han probado que la empresa presta servicios en varias Comunidades Autónomas, no que tenga centros de trabajo en varias Comunidades Autónomas, al menos en el momento en que se suscribió el Acuerdo, pues del documento que aportan como número 9 no cabe deducir la necesaria existencia de tales centros. Correspondiendo la carga de la prueba -ante la negativa de la empresa, que además afirmó que el Comité con el que negocio constituía la única representación unitaria en el momento de firma del Acuerdo- a los demandantes, en aplicación del art. 217.2 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , pues son los demandantes quienes sostienen la falta de legitimación por existir varios centros de trabajo, sin que en el momento de la negociación ninguno de sus representantes alegase tal falta.

En la redacción vigente en el momento de suscripción del Acuerdo el art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) concedía legitimación a "los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el art, 87.1". En el caso de autos el Acuerdo se negoció con el Comité de Empresa de Ariete Seguridad, único existente en el momento del Acuerdo, por lo que, en defecto de prueba mayor, debemos concluir que la legitimación para negociar el acuerdo fue correcta.

QUINTO.- Se sostiene la nulidad del Acuerdo por no haber sido notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. El art 83.2 del ET ( RCL 1995, 997 ) entonces vigente establecía que "el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral". Siendo indiscutible que el Acuerdo no se comunicó a la Comisión Paritaria del Convenio. Ahora bien, siendo cierto que se ha cometido tal infracción, debemos analizar si la consecuencia jurídica de tal omisión debe ser la nulidad del Acuerdo.

En opinión de la Sala no toda infracción de lo establecido literalmente en la ley implica la nulidad del acto o acuerdo, sino que debe analizarse en cada caso y salvo disposición expresa del legislador, cual debe ser la consecuencia de la infracción teniendo en cuenta la finalidad de la norma y el juego del principio de proporcionalidad. Pues bien, que la petición de nulidad es desproporcionada se deriva de la propia dicción literal de la ley que habla de impugnación judicial del acuerdo sólo en casos de "fraude, dolo, coacción o abuso de derecho" en la obtención del acuerdo, de lo que se infiere que la intención del legislador es dar el mayor respaldo posible a lo acordado por quien está legitimado para ello, salvo supuestos de grave violación del ordenamiento jurídico y, desde tal perspectiva, no parece razonable sostener que la falta de comunicación a la Comisión Paritaria puede constituirse en causa de nulidad de lo acordado. La sanción, en nuestra opinión, no puede ser la nulidad del acuerdo, sino, en todo caso, la imposición de una sanción administrativa por incumplimiento del deber de información a los representantes de los trabajadores en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto ( RCL 2000, 1804 y 2136) , de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

SEXTO.- Por último se sostiene que existe infracción del art. 9.3 de la Constitución en relación con el art. 2.3 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) y 3.5 del Estatuto de los Trabajadores , ya que se dispone la aplicación retroactiva del descuelgue salarial, lo que implicaría la ilicitud del Acuerdo al menos por el periodo 1 de enero a 30 de mayo de 2012.

Esta Sala tiene al respecto un criterio fijado, entre otras, en su SAN de 29 de mayo de 2013 (Rec. 130/2013 ). En concreto, hemos razonado que el trabajador tiene derecho a la "percepción puntual de la remuneración pactada o convenida" y, por lo tanto, los trabajadores tienen el derecho a percibir el salario pactado para su trabajo "en ese periodo", pues carece de base legal "que la reducción salarial se retrotraiga contra el precio de trabajos ya realizados, porque dichas retribuciones estaban perfectamente consolidadas al momento de la retroacción, tratándose, por consiguiente, de manifestaciones de retroactividad máxima, que no están amparadas por el art 9.3 CE ( RCL 1978, 2836 ) ". Y ello incluso aunque concurriesen causas económicas, tal y como hemos puesto de manifiesto en nuestra SAN de 20 de febrero de 2013 ( JUR 2013, 85447 ) (Rec. 357/2012 ).

Procede, en consecuencia, la estimación de la demanda en este punto.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

En relación con la demanda formulada por FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (FES-UGT), FEDERACION DE SERVICIOS PRIVADOS DE COMISIONES OBRERAS (FSP-CCOO) Y FEDERACION DE TRABAJADORES DE SERGURIDAD PRIVADA DE LA UNION SINDICAL OBRERA (FTSP-USO) contra ARIETE SEGURIDAD acordamos: Desestimar la excepción de caducidad. Estimar la excepción de prescripción respecto de las acciones ejercitadas por FES-UGT y FTSP-USO y desestimarla respecto de FSP-CCOO. Estimar en parte la demanda y declarar la nulidad del acuerdo de descuelgue salarial respecto del periodo 1 de enero de 2012 a 30 de mayo de 2012.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.

          Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email paulalegalblog@gmail.com

lunes, 16 de diciembre de 2013

La garantía de prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores en caso de despido



Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2013


Prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores en supuestos de despido: el artículo 68 del E.T . apartados b ) y c) distingue entre la garantía de prioridad de permanencia respecto a los demás trabajadores en la empresa en los casos de extinción del contrato por causas tecnológicas o económicas (apartado b)) y la de no ser despedido ni sancionado por actos realizados en el ejercicio de su representación durante el desempeño de sus funciones representativas o dentro del año siguiente a la finalización de esa labor (apartado c)). 

Como se puede observar, las diferencias entre las garantías son evidentes, pues la primera da la prioridad de permanencia mientras el representante esta en activo, como tal, mientras que la segunda extiende sus efectos a las decisiones empresariales tomadas, incluso, durante el año posterior a su cese en las funciones representativas. 

Aunque ambas tratan de garantizar la independencia del representante de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, la primera se concede frente a los despido o extinciones contractuales fundadas en causas objetivas, mientras que la segunda se da frente a los despidos por causas subjetivas, frente a los despidos y sanciones disciplinarias motivadas por actos del despedido. 

La primera persigue que el representante negocie lo mejor para él y sus representados que quedarían privados de representante en caso de su cese, razón por la que esta Sala entendió en su sentencia de 30 de Noviembre de 2005 ( RJ 2006, 922 ) (Rcud. 1439/2004 ) que el representante debe seguir trabajando aunque se cierre el centro de trabajo en que estaba destinado, interpretación extensiva fundada en que la independencia del representante puede fundar el sacrificio de alguno de sus representados por primar el interés del colectivo que representa. Sin embargo, la segunda garantía analizada se concede para salvaguardar la independencia del representante por actos individuales del mismo, para evitar que la empresa tome represalias contra él, razón por la que se extiende a las decisiones sancionadoras que el patrono tome durante el año posterior al cese en las funciones representativas, siempre que el despido se funde en actos realizados "en el ejercicio de su representación", requisito que debe concurrir para la aplicación de la "garantía", salvo que el despido sea procedente, conforme al art. 54 del E.T . (RCL 1995, 997) .


Os adjunto el texto de la Sentencia


Órgano: Tribunal Supremo.
Sede: Madrid
Fecha de Resolución: 16/09/2013
Nº de Procedimiento: 1636/2012

Jurisdicción: Social
Ponente: José Manuel López García de la Serrana
Procedimiento: Despido
Tipo de Resolución: Sentencia


RESUMEN


GARANTIA DE PRIORIDAD DE PERMANENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: la garantía de prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores en supuestos de extinción del contrato de trabajo por causas económicas o tecnológicas sólo existe mientras dure su mandato representativo, sin que se extienda al año siguiente al de su cese. La extensión de la garantía al año siguiente del cese sólo se da frente a sanciones y despidos disciplinarios.


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Con fecha 26 de octubre de 2011 el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao dictó sentencia , en la que se declararon probados los siguientes hechos: " 1º .- Los actores Jesús Luis y Belarmino , formulan demanda sobre despido, frente a la empresa Cobloba-Bi SA y frente a Prefabricados Alberdi SA y el Ministerio Público, en base a venir el actor Jesús Luis prestando servicios para la empresa Prefabricados Alberdi, desde el 4 de julio de 2000, mediante un contrato indefinido, con la categoría profesional de oficial de tercera, y salario que venía abonando la empresa era de 2251,64 euros mensuales, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias en el Convenio Colectivo de Prefabricados de Hormigón de Bizkaia. El actor Belarmino viene prestando sus servicios para la empresa Prefabricados Alberdi, desde el 7 de septiembre de 1998, mediante contrato indefinido, con la categoría profesional de oficial de segunda, y salario que vení abonando la empresa era de 2191,24 euros mensuales, incluido el prorrateo de pagas extraordinarias y demás condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Materiales y Prefabricados para la Construcción de Bizkaia (LEG 2002, 322) . La empresa comunica a ambos trabajadores el 30 de junio de 2011 la extinción de la relación laboral que les unía con fecha de efectos el mismo día, argumentando razones económicas y productivas. En cuyas cartas de despido objetivo, idénticas para ambos trabajadores. La empresa señala una importante disminución de las ventas durante los años 2008 a 2011, pasando de 4.057.623 euros a 882.161 euros. Con una disminución de resultando, pasando de 55.194 euros a un margen negativo de menos 75.259 euros, durante el período de tiempo indicado de los años 2008 a 2011 en su primer trimestre. Y la disminución de la facturación con relación al 2008 ha agravado la situación de pérdidas continuadas, a pesar de las medidas adoptadas para la reducción del gasto. La reducción de las ventas supone un exceso de stock, que impide seguir fabricando por falta de espacio de almacenamiento. Y la reducción del margen sobre ventas, por aumento de los costes de las materias primas y energía y reducción drástica de los precios de los productos y las referidas razones motivan la procedencia del despido objetivo. 2º.- Niegan los actores los hechos del despido objetivo y señalan en la demanda que las mercantiles demandadas forman un grupo de empresas a efectos laborales, dada la situación financiera de las mismas, al resultar que la mercantil Prefabricados Alberdi es accionista mayoritario en Cobloba-BI SA y alega mismo objeto social, funcionamiento unitario, prestación del trabajo es común y existe confusión de plantillas entre las mismas, con apariencia externa de unidad empresarial. Niega que la disminución de las ventas incida sobre la producción y represente la necesidad de amortizar puestos de trabajo y sin que la medida extintiva sea procedente, al no haberse valido de la movilidad funcional, suspensiones temporales, sin necesidad de acudir al despido. Señala que los actores han sido delegados de personal en la empresa hasta las elecciones sindicales celebradas en septiembre de 2010. Habiendo la empresa a la fecha del despido de los demandantes, procedido a despedir a otro trabajador que fue delegado de personal, hallándose los actores dentro de la garantía de permanencia en la empresa o centro de trabajo, acorde al artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) y en el 52 c del mismo cuerpo legal . Y cuyo despido de los actores atenta al derecho de libertad sindical, recogido en el art. 28 de la Constitución (RCL 1978, 2836) y el art 12 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( RCL 1985, 1980 ) y señalando en la demanda, el derecho a la libertad sindical queda afectado o menoscabado, si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza o si este queda perjudicado por el desempeño legítimo de actividad sindical. Discute en la demanda la categoría profesional reconocida en nómina por la empresa, dado que las funciones que desarrolla corresponden a un oficial de primera y cuyo importe indemnizatorio no es acorde a la retribución que según categoría le corresponde. El actor Jesús Luis formaliza contrato eventual el 4 de julio de 2000, convertido en indefinido el 19 de enero de 2002, siéndole de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001 (RCL 2010, 1674) según cláusula séptima de dicho contrato y reputándose contrato indefinido desde el inicio de la relación laboral, a través del contrato eventual. Solícita la nulidad del despido o de forma subsidiaria la improcedencia del mismo y siendo la opción facultad de los trabajadores.".

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Desestimar demanda de Jesús Luis y Belarmino , declarar procedente el despido objetivo de los mismos, sin que hubiese lugar a la nulidad de los despidos y absolver libremente a las demandadas Prefabricados Alberdi SA y Cobloba-BI SA de la solicitud en la demanda.".

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por DON Jesús Luis y Belarmino ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual dictó sentencia en fecha 6 de marzo de 2012, en la que consta el siguiente fallo: "Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Jesús Luis y D. Belarmino , contra la sentencia de fecha 26 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao , en proceso sobre Despido, confirmando lo en ella resuelto. Sin costas.".

TERCERO.- Por la representación de DON Jesús Luis y Belarmino se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 9 de mayo de 2012. Se aportan sentencias contradictorias con la recurrida.

CUARTO.- Con fecha 4 de diciembre de 2012 se admitió por esta Sala a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida personada para que formalice su impugnación en el plazo de quince días.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de interesar la desestimación del primer y tercer motivo del recurso y la improcedencia del segundo de ellos, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 10 de septiembre de 2013, fecha en que tuvo lugar.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- En el presente recurso de casación para unificación de doctrina se controvierte la calificación del despido de los actores por causas objetivas, planteándose, además, la violación del derecho de libertad sindical y el alcance del derecho de prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores y que son despedidos durante el año siguiente al cese en sus funciones representativas.

Como antecedentes para resolver las cuestiones planteadas, conviene destacar que los dos actores que habían sido delegados de personal en la empresa demandada, fueron despedidos el 30 de junio de 2011, pasados diez meses de su cese en las funciones representativas, por razones económicas y productivas, consistentes en una importante disminución de las ventas, desde el año 2008, que había repercutido negativamente en los resultados que arrojaban pérdidas cuantiosas, cada año más importantes y un aumento de los stock que provocaba falta de espacio para el almacenamiento de la producción, a lo que se añadía una reducción en los márgenes por aumento de los costes y reducción de los precios. Las demandas fueron desestimadas, al considerarse procedentes las extinciones contractuales acordadas. La sentencia de suplicación objeto del presente recurso entendió que estaban probadas las razones económicas y productivas alegadas por la empresa y que por ello no se había violado el derecho de libertad sindical, máxime cuando se había suprimido una línea de producción de determinados productos y extinguido todos los contratos de los empleados en ella, salvo el del delegado de personal con mandato representativo vigente que había sido empleado en la producción de otras mercancías. En cuanto a la prioridad de permanencia en la empresa la sentencia entendió que ese derecho sólo lo tenían los representantes de los trabajadores en activo o que hubieran cesado en esas funciones cuando el despido tuviera por causa actos realizados en el ejercicio de labores representantivas.

SEGUNDO.-
1. El primer motivo del recurso alega la infracción del derecho de libertad sindical de los demandantes. Para acreditar la existencia de contradicción doctrinal que viabiliza el recurso, conforme al art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) (L.J .S.), citan los recurrentes la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 12 de enero de 2009 (RTC 2009, 2) .

En la citada sentencia del Tribunal Constitucional se trata de un trabajador que prestó sus servicios a determinadas empresas y que fue despedido poco después de cesar como delegado del personal por faltas de puntualidad y de asistencia al trabajo, así como por la necesidad de reestructurar la empresa y de reducir gastos, despido cuya improcedencia reconoció la empleadora que optó por la no readmisión y consignó la indemnización. Constaba en ese caso que, mientras ejercía labores representativas, el trabajador fue objeto de diversas sanciones disciplinarias que posteriormente se conciliaron por improcedentes, así como que la empresa le impuso un disfrute determinado de vacaciones que se dejó sin efecto por sentencia y que fue, además, objeto de actos de acoso. La sentencia de contraste declaró nulo el despido por violación de la libertad sindical en su vertiente de garantía de indemnidad.

2. El motivo del recurso examinado no puede prosperar porque carece de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción, requisito procesal, exigido por los artículos 221-2-a ) y 224-1 de la L.J .S. (RCL 2011, 1845) , cuya inobservancia justifica la inadmisión del recurso por defecto insubsanable de forma, cual ha señalado esta Sala con reiteración en múltiples sentencias de las que son una simple muestra las de 28 de junio de 2006 (RJ 2006, 7986) (R. 793/05 ) y 21 de julio de 2009 (RJ 2009, 6114) (R. 1926/08 ), doctrina aplicable al presente caso porque, aunque en ellas se citan preceptos de la antigua L.P.L. ( RCL 1980, 1719 ) , el tenor literal de los mismos es similar a los que sobre ese particular contiene la L.J.S.. En efecto, el recurso se limita a transcribir parte de la sentencia de contraste y a decir que contempla un supuesto parecido al resuelto por la sentencia recurrida, pero no hace un análisis comparativo de los hechos para evidenciar la igualdad sustancial de los supuestos comparados, sino que se limita a criticar la valoración de la prueba que hace la sentencia recurrida y a discrepar de las conclusiones que saca diciendo que debieron ser otras, con lo que acaba reconociendo que lo que pretende es una revisión de los hechos declarados probados, inadecuada en este tipo de recurso, sin la que no se daría una igualdad de los supuestos comparados, lo que no es correcto porque en este recurso ni cabe la revisión de los hechos declarados probados, ni la vía procedente al efecto sería la que emplean los recurrentes.

3. Además, la inadmisión del motivo procede por la falta de contradicción de las sentencias comparadas al respecto, cual han alegado la parte recurrida y el Ministerio Fiscal, con base en el artículo 219 de la L.J .S. (RCL 2011, 1845) , precepto que condiciona la viabilidad del recurso de casación unificadora a que existan pronunciamientos contradictorios en supuestos sustancialmente iguales, igualdad que se da cuando son semejantes los hechos, los fundamentos y las pretensiones contempladas en cada caso.

En el presente caso son distintos los hechos contemplados en cada supuesto, porque, aunque las sentencias comparadas aplican la misma doctrina sobre la inversión de la carga de la prueba, llegan a resultados distintos debido a que los hechos probados son diferentes, porque la sentencia recurrida estima que no ha existido violación de la libertad sindical, ya que, el despido era procedente al ser ciertas las causas económicas y organizativas alegadas, mientras que en el caso de la sentencia de contraste la propia empresa reconoció la improcedencia del despido, de la causa que lo fundaba, dato que marca una diferencia fundamental, máxime cuando, igualmente, consta que en el caso de la sentencia de contraste el trabajador hubo de soportar distintas decisiones empresariales en materia disciplinaria y de vacaciones que motivaron procedimientos judiciales que terminaron favorablemente para el trabajador posteriormente despedido.

TERCERO.-
1. El segundo motivo del recurso plantea el derecho de prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores en caso de extinción contractual, durante el año siguiente a la expiración de su mandato. Como sentencia de contraste, a fin de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que viabiliza el recurso, citan los recurrentes la dictada el 30 de marzo de 2001 (AS 2001, 973) ( R.S. 81/2001) por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga ). Se trataba en ella del despido por causas económicas de un trabajador que había cesado como representante de los trabajadores hacía menos de un año. En este caso, la sentencia entendió, conforme a los artículos 52-2 y 68-b) del E.T . (RCL 1995, 997) , que la "garantía de prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de extinción por causas tecnológicas o económicas, alcanza a los representantes legales elegidos durante su mandato y durante el año siguiente a la extinción del mismo", lo que la llevó a declarar la improcedencia del despido reconociendo a la empresa el derecho a optar entre la readmisión o la rescisión del contrato.

La contradicción entre las sentencias comparadas existe porque en supuestos similares, despido de un trabajador por causas objetivas, dentro del año siguiente a su cese como representante de personal, una de ellas, la de contrate, ha reconocido al operario la prioridad de permanencia en la empresa, mientras que la recurrida se lo ha denegado. Procede, por tanto, resolver la disparidad doctrinal reseñada.

2. En el apartado del motivo dedicado al examen de la infracción legal, se denuncia la infracción del artículo 110-2 de la L.P.L . (RCL 1995, 1144, 1563) y de los artículos 52-c ), y 68, apartados b ) y c), del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) , al entender los recurrentes que la prioridad de permanencia en la empresa que el artículo 68-b) les concede se les debe reconocer, también, durante el año siguiente a su cese en el desempeño de funciones representativas.

El motivo no puede prosperar porque es correcta la doctrina sostenida por la sentencia recurrida, cual se deriva de la literalidad de los apartados b ) y c) del artículo 68 del E.T . y de una interpretación lógico sistemática del mismo. En efecto, el precepto citado distingue entre la garantía de prioridad de permanencia en la empresa en los casos de extinción del contrato por causas tecnológicas o económicas (apartado b)) y la de no ser despedido ni sancionado por actos realizados en el ejercicio de su representación durante el desempeño de sus funciones representativas o dentro del año siguiente a la finalización de esa labor (apartado c)). Como se puede observar, las diferencias entre las garantías estudiadas son evidentes, pues la primera da la prioridad de permanencia mientras el representante esta en activo, como tal, mientras que la segunda extiende sus efectos a las decisiones empresariales tomadas, incluso, durante el año posterior a su cese en las funciones representativas. Aunque ambas tratan de garantizar la independencia del representante de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, la primera se concede frente a los despido o extinciones contractuales fundadas en causas objetivas, mientras que la segunda se da frente a los despidos por causas subjetivas, frente a los despidos y sanciones disciplinarias motivadas por actos del despedido. La primera persigue que el representante negocie lo mejor para él y sus representados que quedarían privados de representante en caso de su cese, razón por la que esta Sala entendió en su sentencia de 30 de Noviembre de 2005 ( RJ 2006, 922 ) (Rcud. 1439/2004 ) que el representante debe seguir trabajando aunque se cierre el centro de trabajo en que estaba destinado, interpretación extensiva fundada en que la independencia del representante puede fundar el sacrificio de alguno de sus representados por primar el interés del colectivo que representa. Sin embargo, la segunda garantía analizada se concede para salvaguardar la independencia del representante por actos individuales del mismo, para evitar que la empresa tome represalias contra él, razón por la que se extiende a las decisiones sancionadoras que el patrono tome durante el año posterior al cese en las funciones representativas, siempre que el despido se funde en actos realizados "en el ejercicio de su representación", requisito que debe concurrir para la aplicación de la "garantía", salvo que el despido sea procedente, conforme al art. 54 del E.T . (RCL 1995, 997) .

Las diferencias señaladas impiden estimar que la garantía de permanencia en los despidos objetivos se extienda al año posterior al cese del representante de los trabajadores, cual pretende el recurso, por cuanto la garantía de permanencia del art. 64-b) del E.T . tiene distinta naturaleza y regulación que la de interdicción de sanciones disciplinarias del apartado c) del citado artículo, que protege al representante frente a las represalias que el patrono tome contra él por actos realizados en el desempeño de sus funciones representativas y sin que concurra causa fundada.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el motivo del recurso examinado, cual ha informado el Ministerio Fiscal.

CUARTO.- 1. EL último motivo del recurso plantea la improcedencia del cese por causas objetivas que no puede considerarse proporcionado, al no haber existido un expediente de regulación de empleo previo, ni haberse utilizado las horas de disponibilidad del Convenio Colectivo, máxime cuando los trabajadores han venido realizando horas extras.

Para acreditar la existencia de contradicción doctrinal que viabiliza el estudio y resolución del motivo examinado, citan los recurrentes la sentencia dictada por el mismo Tribunal que la recurrida el día 25 de junio de 2010 (AS 2011, 420) (Rec. 1137/2010). En esta sentencia, aunque se consideró improcedente un despido por razones productivas, se estimó, finalmente, que el despido era procedente por causas económicas y se revocó la sentencia de la instancia.
2. El motivo del recurso examinado no puede prosperar porque carece de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción que requieren los artículos 221-2-a ) y 224-1 de la L.J .S. (RCL 2011, 1845) , lo que justifica su inadmisión. En efecto, de acuerdo con el citado art. 224-1-a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221 de la misma ley , evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219 de dicha ley . Este requisito lo viene exigiendo la Sala IV en numerosas sentencias, las más recientes, de 28 de junio de 2011 (RJ 2011, 6093) (R. 2431/2010 ), 12 de julio de 2011 (RJ 2011, 6396) (R. 2482/2010 ), 21 de septiembre de 2011 (RJ 2011, 7059) (R. 3524/2010 ) y 13 de octubre de 2011 (RJ 2011, 7716) (R. 4019/2010 ). Según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso es causa de inadmisión del recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el citado art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable ( sentencias, entre otras, de 28 de junio de 2006 (RJ 2006, 7986) , R. 793/2005 , y 21 de julio de 2009 ( RJ 2009, 6114 ) , R.1926/2008 ).

En el presente caso el recurso incumple esa exigencia porque no lleva a cabo un análisis comparativo de los hechos, las pretensiones y los fundamentos de las sentencias comparadas, sino que se limita a reproducir parte de la exposición de motivos del R.D.L. 10/2010, de 16 de junio (RCL 2010, 1587) y a argumentar en favor de su pretensión.

3. Además, procede rechazar el motivo del recurso que nos ocupa porque las sentencias comparadas no son contradictorias en los términos requeridos por el art. 219 de la L.J .S. (RCL 2011, 1845) . En efecto, al presente caso se le aplica la normativa establecida por la Ley 35/2010 (RCL 2010, 2502) , mientras que en la de contraste se aplica la anterior redacción del art. 51 del E.T . (RCL 1995, 997) , diferencia notable que se ve incrementada por ser diferentes los hechos contemplados en cada caso y porque no pueden ser contradictorias las sentencias que llegan a idéntica conclusión: la existencia de causas económicas probadas que justifican el cese por razones objetivas de los demandantes en cada caso, razón por la que no existen doctrinas dispares necesitadas de unificación, como ha informado el Ministerio Fiscal.

QUINTO.- Por cuantas razones se han expuesto procede la íntegra desestimación del recurso. Sin costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña Idurre Bustillo Hernández en nombre y representación de DON Jesús Luis y Belarmino contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2012 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso de suplicación nº 143/2012 , interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Bizkaia, en autos núm. 717/2011, seguidos a instancias de DON Jesús Luis y Belarmino contra PREFABRICADOS ALBERDI S.A. y COBLOBA-BI S.A. Confirmamos la sentencia recurrida. Sin costas.



          Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email paulalegalblog@gmail.com